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Semana clave en el Senado: deuda y defensa del consumidor

El próximo miércoles será un día clave en el Senado. Se debatirá el paquete de proyectos de defensa del consumidor enviado por el Poder Ejecutivo, que abarca la reforma a la Ley de Abastecimiento, la creación de un Observatorio de Precios y un nuevo fuero en la Justicia nacional, y después será el turno del proyecto de pago de deuda soberano.

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Los tres proyectos de defensa del consumidor serán debatidos de manera conjunta.

La nueva Ley de Abastecimiento que de ser aprobada debe pasar por la Cámara de Diputados, propone, según sus fundamentos, un “marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo sustentado en la constitucionalidad de las acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor”.

El proyecto también da la posibilidad al Poder Ejecutivo de “intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios”.

Tras algunas modificaciones, del proyecto quedaron excluidas las pequeñas empresas y a las medianas que no tengan un rol predominante en el mercado.

El Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, se constituye como un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el país.

La tercera iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Senado crea un nuevo fuero en la justicia nacional que debe encausar y dar solución a las controversias originadas en el ámbito de las relaciones de consumo.

El jueves, en la séptima asamblea del Consejo Federal de Justicia (COFEJUS), el secretario de Justicia, Julián Álvarez explicó que “faltaba un sistema que lo operativice”, en referencia al justicia del consumidor. Y destacó que el objetivo es “cumplir con el artículo 42 de la Constitución Nacional y el derecho de fondo que ya existe, la Ley de Defensa del Consumidor.

“Los consumidores van a cualquier lado”, explicó Álvarez al hablar del nuevo fuero que propone el proyecto y que pone “el foco en la víctima” porque hasta el momento “no existe un fuero específico”. El fuero nuevo que se propone fija un monto límite para esos tribunales de unos 55 salarios mínimo, vital y móvil, esto es, 220 mil pesos. Conflictos hasta esa suma podrán ser tratados por el fuero del consumidor.
Deuda soberana

El otro proyecto que será debatido el miércoles es el de “pago soberano de la deuda” de 2005 y 2010. El miércoles pasado, después de más de siete horas de debate, obtuvo dictamen de mayoría. Ese día, el ministro de Economía, Axel Kicillof, explicó que el Senado, necesita tener sancionada la ley antes del 30 de este mes, fecha en la que vence el pago de US$ 200 millones en intereses.

Kicillof planteó que el proyecto de ley busca seguir cumpliendo con los compromisos que surgieron de los canjes de 2005 y 2010. “Tenemos que estar orgullosos de estos canjes de deuda. Fueron exitosos, porque alcanzaron al 92 por ciento de los acreedores”, sostuvo e insistió sobre el riesgo de no hacer nada y “ratificar el fallo de Griesa”.

El proyecto, anunciado por la presidenta de la Nación, prevé el cambio de sede para los pagos a los bonistas que ingresaron a la reestructuración, cambia el agente de pago, e incluye la reapertura del canje de deuda para que puedan ingresar los bonistas que hasta ahora no habían adherido a los canjes de 2005 y 2010 -bajo las mismas condiciones de quita y plazos que se ofrecieron en aquel entonces-.

“Nosotros tenemos una respuesta, tenemos una salida. Queremos pagar, y lo vamos a hacer porque somos un país soberano y nadie nos lo puede impedir”, expresó el ministro. Y explicó que con la nueva ley se seguirá aplicando y cumpliendo el contrato original, porque la cuenta en la que se depositan los pagos “va a estar gobernada por un fiduciario”, que va a dejarle cobrar su dinero a los bonistas (en Fideicomisos Nación), a diferencia de lo sucedido con el Banco Mellon de Nueva York, que incumplió sus obligaciones contractuales.

 

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